Ph.D. Tomás Páez
II
DERECHOS POLÍTICOS DE LA DIÁSPORA Y PROCESOS ELECTORALES
Un muy nutrido número de gobiernos democráticos, preocupados por la crisis humanitaria creada por el actual régimen, favorecen una salida negociada, democrática y electoral con el propósito de detener y revertir la acelerada destrucción del país. Han presionado con sanciones personales a sus más connotados voceros y han intentado frenar el inmenso saqueo perpetrado a los recursos propiedad de los venezolanos.
La propuesta: condiciones electorales confiables para llevar a cabo elecciones cuyo resultado permita recuperar la democracia y las libertades, necesarias para iniciar la reconstrucción del país. Insisten en la creación de las condiciones y en el cronograma electoral. Como es previsible, cualquier elección en Venezuela coloca en agenda el tema de la diáspora: sus derechos, su importancia en términos de número y porcentajes que inclinan los resultados de cualquier elección, sus consecuencias e impacto en el padrón electoral. Esta información es indispensable para hacer creíble el registro electoral.
Venezuela cumple de manera parcial los acuerdos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Admite el voto en las elecciones presidenciales y referendos y desconoce el derecho de la diáspora a ser elegida. Incumple con el principio No. 31 que reconoce que “todo migrante tiene derecho a participar en la vida civil y política en su Estado de origen y en la conducción de los asuntos públicos. Este derecho comprende … el de votar y ser elegido en las elecciones de ese Estado”.
Se niega el derecho a quienes, en todo el mundo, desarrollan una intensa actividad Política, Social, Cultural, Científica, Económica, que suplen y sustituyen al menguado servicio exterior venezolano. Quienes integran la diáspora y sus asociaciones hacen política con “P” mayúscula: son interlocutores confiables de las instituciones y organizaciones en las ciudades y países de acogida, defensores de los derechos humanos, políticos y sociales de sus compatriotas, documentan, denuncian y difunden la situación del país y sus ciudadanos, despliegan una intensa labor humanitaria entre los integrantes de la diáspora y con los familiares y amigos que dejan en Venezuela; les envían medicinas, alimentos y remesas. Trabajan junto las asociaciones de los ciudadanos en los países de acogida, a favor de un modelo democrático y de libertades.
La diáspora, consciente de que sus derechos han sido limitados, redobla la presión y los esfuerzos para que los mismos sean reconocidos y respetados. No se conforma con la respuesta, “primero salgamos de esto y después pensaremos en la nueva agenda, donde se incluirá este tema”. La consideran insuficiente porque se pierde una oportunidad para señalar y denunciar al responsable de la violación de tales derechos y, además, se posterga la posibilidad de identificar soluciones que galvanice a los ciudadanos.
En principio la diáspora, con independencia de que pueda participar en los diferentes eventos electorales, debería estar registrada en el sistema electoral. Ello contribuye a depurar un sistema lleno inconsistencias, a evitar cualquier posible “chanchullo” con los datos de quienes han migrado y, en definitiva, a recuperar la confianza y legitimidad de los procesos electorales. Adquiere mucho sentido el famoso eslogan de una empresa aseguradora “es preferible tener a los ciudadanos registrados para poder ejercer el voto, que necesitar ejercer el voto en cualquier consulta electoral y no estar registrado”.
El registro electoral evita errores, estimaciones tan audaces como imprecisas en un país en el que las estadísticas brillan por su opacidad, en el que las fallas del censo pueden derivar en estimaciones de población inapropiadas. Colombia, con el registro de los venezolanos, es un ejemplo a seguir: en pocos días alcanzaron la cifra de 600 mil ciudadanos venezolanos inscritos en el sistema.
Las políticas de Colombia y Estados Unidos, con el propósito de regularizar a los ciudadanos venezolanos, son una bofetada a quienes dirigieron el CNE, que pedían para inscribirse y votar la condición de “residencia legítima” a los venezolanos de la diáspora, negándoles el derecho al voto. Pedían lo que el país negaba, acceso a los documentos de identificación, como lo confirma el informe Bachelet.
La diáspora no se conforma con votar, desea tener representación en el Parlamento, lo cual expresa la decisión de mantenerse conectada al país de origen. La abultada agenda la han desarrollado a contracorriente y con escasos recursos a lo largo de dos décadas. Es importante tenerlo presente para quienes se consideran “adanes” de la política. La agenda de las asociaciones diaspóricas pone de relieve el compromiso de ese inmenso activo humano en ser parte de la reconstrucción de Venezuela.
La confianza de la diáspora en sus organizaciones contribuyó a incrementar de manera sustancial el número de inscritos en el registro electoral y es factor clave en la promoción y organización de las citas electorales. Cuando la sociedad civil y los partidos políticos han sumado esfuerzos, los logros se han multiplicado. Aunque soy un convencido de la centralidad de los partidos políticos para el ejercicio de la democracia, en ocasiones su forma de actuar crea abismos que pueden resultar insalvables.
El rechazo a los partidos podría disminuirse al mejorar la relación de éstos con la sociedad civil. En el ámbito de la diáspora es recomendable escuchar a los migrantes, a sus organizaciones con más de dos décadas de incesantes esfuerzos, potenciar y servir de medio de conexión. Un importante porcentaje de la diáspora vivió y creció en democracia y ésta dejó en ellos profundas raíces y experiencias que no han podido secar y destruir, a pesar de todo el empeño que el régimen ha puesto en ello.
La propia experiencia de los más jóvenes, que hoy viven en países democráticos, ha reforzado la convicciones democráticas y libertarias de la inmensa mayoría de los venezolanos. Hoy pueden establecer comparaciones entre Venezuela y el país en el que viven, ya que poseen información de primera mano acerca de las experiencias de participación como votantes y candidatos a los parlamentos de los ciudadanos de varios países en el mundo.
La representación de la diáspora en el Parlamento Nacional y los parlamentos regionales fortalecería la conexión y relación de la diáspora con Venezuela, y de las instituciones del país con su diáspora. Sería una oportunidad para expresar sus visiones, intereses e identificar las mejores formas de aprovechar el activo humano de la diáspora. Favorecería la mejor inserción de Venezuela en el mundo y facilitaría la creación de una agenda legislativa común y una mejor gestión de la “nueva geografía de Venezuela”. Un ejemplo de lo que evitaría lo encontramos en leyes como la de ciencia y tecnología, aprobada en segunda discusión en 2019, en la que la diáspora está invisibilizada.
Tal y como sostiene Lafleur, su integración en el poder legislativo es una forma de pertenencia, independientemente de su deseo de retornar al país de origen. La diáspora no desconoce que este anhelo exige de cambios en el actual marco Constitucional y legislativo, que será necesario promover cuanto antes. Los datos deberían llamar a la reflexión. Más del 80% de la diáspora podría participar en cualquier consulta electoral y en realidad solo puede hacerlo menos del 2%, los 107 mil inscritos en el registro electoral, de un universo de más de 6 millones y medio de venezolanos.
Impulsar la inscripción en el registro electoral y denunciar las trabas del régimen es un ejercicio de democracia y transparencia. En el terreno de la promoción de la inscripción, las asociaciones diaspóricas cuentan con una enorme ventaja: CONFIANZA Y CREDIBILIDAD de sus allegados y miembros. Conspiran contra la confianza nefastas experiencias de quienes utilizaron información para fines particulares o partidistas o como medios de persecución, con las famosas listas CNEz-Tascón y Maisanta.
La diáspora y sus asociaciones defienden el derecho de todos los partidos políticos, sin exclusión, a participar en los distintos procesos electorales. Se oponen al uso del bufete de abogados del gobierno, el máximo tribunal del país, para eliminar tarjetas de partidos, ilegalizar partidos y candidatos a conveniencia. Como en todo ámbito social, los partidos políticos han intentado abrirse espacios en la diáspora con distintos grados de éxito. No les ha resultado fácil, debido al elevado grado de rechazo que revela nuestro estudio y confirman encuestas recientes. De ello no hay que alegrarse, todo lo contrario. Les pedimos que desempeñen su papel como articuladores y promotores de consensos sociales y mediadores entre la sociedad y el Estado.
¿Cómo participa la diáspora en Política? Como bien apunta Leticia Calderón, la participación política tiene una importante trayectoria en los estudios sobre la migración. Subraya que en el estudio del ejercicio político de los migrantes se hace patente el debate sobre las nociones tradicionales que se han utilizado para pensar la “nación”, el “territorio”, la “patria”, las nuevas maneras de ser ciudadanos y las distintas vías que puede adquirir la representación política.
Lo vivido en Venezuela y el sufrimiento de sus ciudadanos ha contribuido a internalizar la convicción de que las libertades y la democracia no se pueden dar por sentadas, hay que defenderlas todos los días y en todos los espacios. Las amenazas son muchas y provienen de los más diversos frentes. Entiende que ante los proyectos “totalitarios” o también llamados “populistas” no se puede ceder un ápice, puesto que permitirlo acarrea consecuencias perniciosas, como lo demuestran aquellos países que lo padecen.
La recuperación de las libertades en Venezuela y la defensa de la democracia en el mundo es un esfuerzo que requiere la participación política de los ciudadanos que integran la diáspora y que trasciende las fronteras convencionales que establece la definición de nación al uso. Estar representada en el Parlamento le permitiría atender las distintas realidades, en toda su heterogeneidad y diversidad, en las regiones y países de acogida.
